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El 21 de agosto se tiene previsto un paro cívico en el país, convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y  representantes de algunos partidos políticos opositores.

También se prevé un paro indefinido a cumplirse desde el 10 de octubre, a solo diez días de las elecciones nacionales.

Ambas medidas son para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a quienes acusan de favorecer la habilitación de la candidatura del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera y de desconocer el resultado de la votación del referendo del 21F de 2016.

María Eugenia Choque, presidenta y Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, conversaron  sobre el proceso electoral y manifestaron que el pedido de renuncia no  está enmarcado dentro de la ley.

Para Costas, lo que rige ahora es más una visión política de la situación y no técnica electoral, pues la decisión de la habilitación del binomio por el MAS, no deriva de una determinación del Órgano Electoral, sino del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por lo que "la representación sobre esta situación debería hacerse hacia el TCP, nosotros aplicamos la normativa".

"Abrigamos la esperanza de que sea una manifestación que brinde respeto. Para octubre hay previsiones dentro de la Ley Electoral que nos facultan para llevar adelante este proceso. Creemos que no llegará a una situación en la que no se pueda llega al diálogo", puntualizó.

Seguridad de los resultados

Choque remarcó que en el marco del cumplimiento del calendario electoral, se está cumpliendo con el mandato de administrar y ejecutar procesos mostrando resultados que han tenido la responsabilidad y la eficacia requerida.

Mencionó que desde julio de 2015 a la fecha, "se ha realizado un promedio de 11 procesos electorales y en ningún caso hemos tenido dificultades en los resultados. Hemos demostrado capacidad y nuestro trabajo es meramente técnico y transparente".